CASI 35.000 PERSONAS CAPITALIZARON EL PARO HASTA OCTUBRE PARA HACERSE AUTÓNOMOS

Un total de 35.591 personas capitalizaron el paro en los diez primeros meses de 2015 para emprender un negocio como trabajador autónomo, según datos difundidos por la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA).

Prácticamente todos los que decidieron capitalizar el paro se acogieron al sistema de pago periódico de cotizaciones a la Seguridad Social y sólo 601 solicitaron el pago único de toda la prestación.

El 91,6% de los solicitantes de la capitalización tenían como objetivo hacerse autónomos, el 4,4% optó por cooperativas, el 2,4% por sociedades laborales y el 0,6% por otro tipo de sociedades mercantiles.

Según UPTA, la cantidad media capitalizada por trabajador alcanzó los 7.554 € y el total de la inversión, sumando los dos sistemas de capitalización, ascendió a 270 millones de euros.

Desde esta organización de autónomos se han celebrado estos datos, pues demuestran que la capitalización del paro es eficaz como política activa de empleo. UPTA espera que, tras la entrada en vigor de la Ley de Fomento del Autoempleo, que permite la capitalización total en un solo pago, mejoren aún más estas cifras.

No obstante, el secretario general de la organización, Sebastián Reyna, ve difícil que esta medida tenga la misma influencia que tuvo antes de 2008, debido a que ha descendido la tasa de cobertura frente al desempleo y a que los derechos cuantitativos de prestación y el periodo de disfrute por trabajador “son cada vez menores”.

Europa Press

LA NUEVA REBAJA DEL IRPF SUPONDRÁ UN AHORRO DE 78 € ANUALES PARA LOS CONTRIBUYENTES

Los Técnicos del Ministerio de Hacienda (Gestha) estiman que la bajada de las retenciones sobre el IRPF que ha entrado en vigor en enero y que supone una nueva rebaja de hasta un 3% en las retenciones de las nóminas, se traducirá en un ahorro de 78,11 € anuales de media para el conjunto de los contribuyentes.

En una nota de prensa, los técnicos explican que la nueva reducción es la última fase de la reforma llevada a cabo por el anterior gobierno después de que el pasado mes de julio se adelantara el grueso de la rebaja programada para este año.

Estas nuevas medidas, según Gestha, costarán a las arcas públicas 1.500 millones de euros y comprometerán el objetivo de déficit público fijado para España en el 4,2% del PIB para 2015 y en el 2,8% para 2016, tal y como confirmó recientemente la Comisión Europea.

La nueva tarifa, que se aplicará a la base liquidable general, reduce tanto el número de tramos -de siete a cinco- como los tipos marginales, y, según los técnicos, vuelve a poner de manifiesto la desigualdad del sistema tributario español, ya que perjudica la progresividad del IRPF al beneficiar más a las rentas más altas, independientemente de su situación familiar.

En concreto, el secretario general de Gestha, José María Mollinedo, sostiene que la rebaja fiscal tiene un alcance “muy desigual”, ya que permitirá un mayor ahorro cuanto mayor sean también los ingresos. Además, empeora la equidad y progresividad proclamadas en la Constitución.

En cuanto a los tipos del ahorro, según los cálculos de Gestha, los grandes beneficiarios de la rebaja serán también los grandes patrimonios, los que ingresan más de 150.000 € y cuyas rentas del ahorro se sitúan en una media entre los 57.412 y los 674.090 €. De hecho, el 0,6% de las personas que declaran rentas del capital concentrarán el 42,8% del ahorro global de los contribuyentes.

Gestha cree que esta reforma hace que se repita en España la paradoja denunciada por Warren Buffet, que reconoce pagar comparativamente menos impuestos en EE.UU. que su secretaria. El hecho de que la renta del ahorro tribute a unos tipos inferiores que la renta general provoca esta desigualdad en el reparto de la carga impositiva entre los contribuyentes.

En concreto, los técnicos denuncian que el tipo real del IRPF es el mismo para un contribuyente que gana 600.000 € anuales por rentas de capital que para un ciudadano que ingresa 26.000 € por su trabajo o su actividad empresarial, lo que favorece a las rentas más elevadas que contribuyen menos y perjudica a los contribuyentes medios que soportan más carga fiscal.

Europa Press

LA ACTIVIDAD CONCURSAL DESCIENDE UN 26% EN 2015 Y SE SITÚA A NIVELES DE 2009

El número de concursos de empresas publicados en España durante 2015 descendió un 26% en 2015 y se situó en los niveles del año 2009, con 4.777 insolvencias, según el baremo concursal 2015 elaborado por PwC a partir de los datos publicados en el Boletín Oficial del Estado (BOE).

En el tercer trimestre del año, la actividad concursal cayó un 22% y pasó de los 1.651 concursos registrados el mismo trimestre de 2014 a los 1.290 concursos de 2015. Con esta cifra, España acumula ya nueve trimestres consecutivos de caída.

Según el socio responsable de Reestructuraciones de PwC, Enrique Bujidos, las cifras de 2015 confirman el cambio de tendencia en la actividad concursal que se inició en el último trimestre de 2013. “Las cifras del año que acabamos de cerrar se asemejan a las de 2009 y ya se sitúan muy lejos de las de 2013, cuando se alcanzó el mayor pico de la serie histórica con más de 9.000 concursos”, señala.

Por comunidades autónomas, Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana fueron las regiones con mayor actividad concursal el año pasado y aglutinaron la mitad (51%) del total de concursos publicados durante el 2015, con tasas del 20%, 15% y 16%, respectivamente. A continuación se situaron Andalucía (12%), País Vasco (7%) y Galicia (6%).

Pese a estas cifras, en todas estas comunidades se registraron menos concursos que en 2014, con descensos de un 29% en Cataluña y Madrid y de un 14% en la Comunidad Valenciana. De hecho, Navarra fue la única comunidad autónoma en la que los concursos de acreedores crecieron en 2015, con un incremento de un 5% en comparación con 2014.

Respecto a la distribución por sectores, el de los servicios fue el que más concursos aglutinó (1.195) y, aunque el número de empresas en concurso en este sector descendió un 16% el pasado año, su actividad concursal continuó ganando peso porcentual, ya que pasó de suponer un 15% del total en 2012 a representar un 25% en 2015.

Por su parte, dos de los sectores que históricamente han registrado mayor actividad -el de la construcción y el inmobiliario- mantuvieron su relevancia respecto del total. Entre los dos aglutinaron el 33% de los concursos publicados en España (16% y 17%, respectivamente) aunque en 2015 experimentaron descensos del 31% y el 25%, respectivamente, en línea con la caída general de concursos, que no aumentaron en ningún sector.

CONCURSOS POR TAMAÑO

En cuanto al tamaño de las empresas en concurso, el 63% fueron de compañías con un activo inferior a 2 millones de euros, mientras que el peso del resto de empresas con un activo mayor disminuyó ligeramente en peso porcentual. Además, el documento destaca la reducción del 63% (59 concursos menos) en 2015 de las empresas con un activo entre 30 y 50 millones de euros.

Igualmente, el promedio de valor del activo de las empresas en concursos en 2015 también disminuyó, al pasar de 4,9 millones de euros en 2014 a 3,8 millones en 2015, lo que supuso una caída del 21% en el tamaño promedio del activo.

Por último, las empresas con plantillas de hasta 50 empleados fueron las que se vieron más afectadas por las quiebras empresariales en este periodo (70%), mientras que el menor porcentaje lo tuvieron aquellas con hasta 250 empleados, con el 4% del total.

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ASOCIACIONES DE CONSUMIDORES Y DOCENTES CREAN UN DECÁLOGO PARA EL CAMBIO DE CULTURA BANCARIA

Las asociaciones de consumidores bancarios Asufin y Adabankia, ‘Fundación ¿Hay Derecho?’, y los profesores universitarios Fernando Zunzunegui, Joan Ramón Sanchis y Gustavo Matías Clavero han creado un decálogo para el cambio de cultura bancaria.

En el decálogo, promovido por el profesor Zunzunegui, se incluyen propuestas que ya se aplican en países como Reino Unido y sobre todo en Holanda, en donde los profesionales del sector están obligados a jurar defender los intereses del cliente, siendo su incumplimiento causa de despido.

Los impulsores invitan a unirse a las plataformas de consumidores, los partidos políticos y a las entidades financieras. De hecho, el decálogo ha acogido recientemente a plataformas como Apetidu, el Instituto de Investigación en Economía Social, Cooperativismo y Emprendimiento Iudescoop de la Universitat de Valencia, Asgeco y Unccue.

Fiare Banca Ética, Caixa Ontinyent y Caixa Popular han mostrado interés en la iniciativa y debatirán su adhesión en los próximos días, según han comunicado los impulsores. Entre las propuestas del decálogo destacan el juramento hipocrático, la introducción de la educación financiera, la necesidad de contar con un asesor independiente y cualificado, el fomento de la banca de proximidad y las formas de financiación participativa.

“El interés del cliente ha quedado en un segundo plano. Con esa cultura por muchas normas que aprobemos no resolveremos el problema de la falta de confianza. La banca debe estar al servicio de sus clientes y de la sociedad”, ha afirmado el promotor de la iniciativa y profesor universitario de Derecho del Mercado Financiero Fernando Zunzunegui.

El decálogo insta a los grupos políticos a que se incluya en los colegios, institutos y universidad la educación financiera, como reza el último punto. Adicionalmente, se propone también que la oferta de productos complejos o de alto riesgo cuente con un asesor independiente para evitar falta de información en la contratación.

Europa Press

RETRIBUCIÓN DE PAUSA DEL BOCADILLO NO DISFRUTADA

Así lo ha establecido la Sala IV, de lo Social, del Tribunal Supremo, al estimar un recurso de ADIF (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) contra la sentencia de la Audiencia Nacional que estableció que los periodos de descanso por refrigerio (de entre 20 y 30 minutos) que no pueden disfrutarse por el trabajador debían considerarse como horas extraordinarias, ya que aumentaban la jornada ordinaria de trabajo de los trabajadores que no lo disfrutaban.

En su sentencia, de la que ha sido ponente el magistrado Luis Fernando de Castro, el Supremo explica que el tiempo de bocadillo no disfrutado comporta un exceso sobre la jornada habitual ordinariamente exigible, que debe ser retribuido “no sólo con la remuneración propia del tiempo efectivo de trabajo y a través del pactado salario mensual, sino también con la cantidad adicional prevista para tal supuesto específico en la normativa convencional aplicable”. En el caso de Adif, es la normativa laboral de RENFE, cuyo artículo 197 prevé una compensación para quienes no gocen de ese descanso.

Sin embargo, el Supremo discrepa de la Audiencia Nacional y señala que tal exceso no puede ser calificado ni retribuido como hora extraordinaria en sentido estricto, en tanto que ya se halla incluido y retribuido en la jornada anual colectivamente pactada, que en ADIF son 1720/1728 horas. Es decir, que es un periodo de descanso no disfrutado, pero que entra dentro del tiempo máximo de trabajo que se ha convenido colectivamente. Por ello le corresponde, además de la retribución ordinaria incorporada al sueldo mensual por tener la pausa del bocadillo consideración de tiempo efectivo de trabajo, una retribución complementaria, pero que no es jornada extra.

Por todo ello, el Supremo revoca la sentencia de la Audiencia Nacional y desestima la demanda de conflicto colectivo planteada por UGT por este asunto.

Oficina de Prensa del Tribunal Supremo

LOS CONTRIBUYENTES PRESENTARON EN 2014 A HACIENDA UN TOTAL DE 15.391 QUEJAS Y SUGERENCIAS

Los contribuyentes presentaron un total de 15.391 quejas y sugerencias en el año 2014 ante el Consejo para la Defensa del Contribuyente -dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas-, lo que supone un aumento del 31,5% en relación con las presentadas en 2013 (11.700).

Así se desprende de la Memoria del año 2014 del Consejo, que contiene información relevante sobre las estadísticas relativas a la tramitación de sugerencias y quejas presentadas durante dicho ejercicio.

La mayor parte de las quejas y sugerencias estuvo relacionada con la Agencia Tributaria (12.248, el 79,5% del total), aunque según Hacienda esta cifra debe considerarse “normal” por el número de actuaciones y funciones desempeñadas en comparación con los demás servicios de índole tributaria.

La Dirección General del Catastro, por su parte, recibió 757 quejas y sugerencias el año pasado -el 4,9% del total-, mientras que los Tribunales Económico-Administrativos recibieron 64 quejas (0,41%); la Dirección General de Tributos, 8 quejas (0,05%); las normas tributarias, 129 (0,83%) e inadmisiones, 2.185 (14,1%).

De la cifra total de 2014, 14.301 fueron quejas (92,9% del total) y 1.090 sugerencias (7%). Tanto el mayor número de quejas como de sugerencias se concentró en la Agencia Tributaria. El total de las quejas fueron contestadas y sólo en 471 el contribuyente mostró disconformidad con la contestación recibida.

Europa Press